LOS CASOS DE EXTERNALIDADES Y SU TRATAMIENTO PÚBLICO. EL CASO DE LA CONTAMINACIÓN.

viernes, 7 de mayo de 2010

Solución 2: Soluciones públicas.

Dentro de las soluciones públicas para resolver las externalidades hay que hacer una clasificación. Por un lado se encuentra la regulación y por otro, las políticas basadas en el mercado, dentro de ellas se encuentran: impuestos pigovianos; permisos de polución; subvenciones y; multas y sanciones.

https://www.u-cursos.cl/ingenieria/2009/1/IN2201/6/material_docente/objeto/216034

Regulación.
Consiste en la fijación de condiciones, de obligado cumplimeinto, para la producción de bienes y servicios que generan externalidades negativas, obligando a reducir las causas de las mismas. Ejemplo: reducir la producción, cambiar el procedimiento productivo por otro menos contaminante.

http://www.auladeeconomia.com/microap-material12.htm

Políticas basadas en el mercado.
  • Impuestos pigovianos: supone la aplicación de impuestos sobre aquellas empresas que contaminan. Se trata por tanto de una clara atribución de derechos de propiedad, de acuerdo con la cual, los ciudadanos tienen derecho a gozar de un medio ambiente limpio y quien vulnere ese derecho deberá pagar por ello. La razón por la que los economistas prefieren el impuesto se halla en que reduce más eficientemente la contaminación ya que pone esencialmente un precio al derecho de contaminar.
  • Subvenciones: implica la concesión de subvenciones a quienes incorporen tecnologías "limpias" en sus procesos de produción. El sector público interesado en conseguir un nivel de contaminación inferior ofrece dichas subvenciones al causante del daño para cubrir, total o parcialmente, los costes de la sustitución de la técnica de producción que emplea por una tecnología menos contaminante.
  • Multas y sanciones: se trata de sancionar y multar aquellas empresas que causen perjuicios.
  • Permisos de emisión: se trata de la creación de un mercado de permisos de emisión o de licencias transferibles. El fundamento de ésto se encuentra en que el empresario no tiene ningún derecho a contaminar, y si lo hace se ve obligado a comprar un permiso para realizar la correspondiente emisión de contaminantes.

Un ejemplo: tenemos dos fábricas, una papelera y una acería. Según la regulación vigente pueden emitir cada una de ellas 300 tonelas de residuos al año. Un día las dos empresas acuden al organismo encargado de la protección del medio ambiente con una propuesta; la papelera reduce 100 tonelas de residuos para cederlas a la acería que aumentaría 100 toneladas de residuos a cambio de pagarle a esta 5 millones de euros.

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